Participación ciudadana y derechos de propiedad. Reflexiones en torno a los resultados de la consulta del NAIM

 

La-ola-neoliberal-contra-la-democracia.-Defenderla-es-transformarla.

Fue hace una semana cuando el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llevó a cabo una “consulta ciudadana” para decidir si su administración continuaría con la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco a las afueras de la Ciudad de México o si se realizaría uno nuevo en Santa Lucía, también dentro de la zona metropolitana del Valle de México. El resultado ya es bien conocido por todos: Ganó la segunda opción con alrededor de 747 mil votos, mientras que el plan de Texcoco solo recibió 310 mil 463 votos.

           En torno a estos resultados, se ha dicho mucho sí Santa Lucía es mejor porque no representa un impacto negativo a la zona conurbada a comparación de Texcoco, o si Texcoco es mejor porque se desarrollaron muchos más estudios para respaldar la propuesta. No es mi intención abonar a una discusión por demás revisada y que ha sido manipulada por diversos medios de comunicación para generar más diferencias y asimetrías de la información en torno a cuestiones técnicas que, hay que reconocerlo, no manejamos, no entendemos y por lo tanto no estamos capacitados para dar una opinión certera del tema. Sin embargo, existe un punto de la agenda en el que los ciudadanos no requieren mayor conocimiento que el del sentido común: cómo participar y tomar decisiones colectivas que tengan efectos positivos para la sociedad.

         Planteo este dilema que ha sido punto de tensión, ya que, en palabras del presidente electo hacia sus adversarios, él comentó: “… que se vayan acostumbrando porque cada vez que sea necesario, cuando se amerite va la consulta. Es más, vamos a reformar la Constitución para que no haya límites y los ciudadanos puedan solicitarla cuando haya un tema de interés público”.[i] Ante esto, una parte de la ciudadanía ha reaccionado otorgando un amplio respaldo a esta decisión, y otra parte ha argumentado que estas acciones solo reflejan una actitud autoritaria y fuera de todo margen legal en torno a como se tomaran las decisiones de gobierno durante los próximos seis años. Desde mi punto de vista, tratando de discernir a fondo lo que expreso AMLO, sea lo que esto implique, yo me pregunto ¿Existen otras formas de participación ciudadana? ¿Qué son las consultas? ¿Por qué una consulta?

          Retomando y combinando las tipologías de participación ciudadana planteadas por Enrique Cabrero y Manuel Canto Chac,  se pueden responder las primeras dos preguntas, distinguiendo diferentes tipos de participación ciudadana y definiendo qué es una consulta. De acuerdo con los autores se pueden destacar los siguientes tipos:

  • Comunicación: fase de participación relativamente pasiva por parte de la ciudadanía en la que el gobierno genera condiciones para que las personas se informen y evalúen (a través de una gran variedad de medios) las políticas y programas implementados, así como los bienes y servicios entregados.
  • Consulta: esta constituye la primera fase de interrelación real entre gobierno, ciudadanía o actores privados. Consiste en un diálogo entre los diferentes actores para aprobar y legitimar objetivos o instrumentos previamente diseñados por el gobierno o, en su defecto, para realizar pequeños ajustes en su diseño y previsiones. Se trata de procesos que no son vinculantes; es decir, dejan al gobierno en turno la atribución de hasta dónde tomar en cuenta las opiniones de la ciudadanía.
  • Delegación: se establece cuando un gobierno otorga (delega) a algunas organizaciones ciudadanas la puesta en práctica de algún proyecto o programa relacionado con la atención a problemas públicos, en los últimos años se han venido acumulando experiencias en el campo de la salud preventiva, la educación, las iniciativas productivas, entre muchos otros.
  • Coproducción: esquema de participación en el que se favorecen dinámicas de colaboración público-privadas-sociales para la gestión de programas y servicios del ámbito local. En este caso, se establece un compromiso entre los actores e instancias involucradas para llevar a cabo tareas dentro de la hechura de la política pública en cuestión, por lo que se da una cierta estabilidad y se clarifican los alcances de la participación.
  • Deliberación: fase más profunda de la acción participativa en la que, a partir de procesos de diálogo repetidos, se generan dinámicas de definición de objetivos y principios de política pública, a partir de los cuales se diseñan los instrumentos de la acción pública local. Cuando la participación se incorpora bajo un esquema de deliberación, se diferencia de las anteriores modalidades porque no hay una definición ex ante de objetivos y políticas, sino que se construyen.[ii]

         El tema de la construcción de un nuevo aeropuerto y el resultado de la consulta responden a que se planteo este mecanismo de participación como una forma más inmediata de tomar en cuenta la mayor cantidad de “opiniones” posibles, sin embargo, una consulta de tan amplio espectro que solo contó con poco más de 1 millón de participantes difícilmente puede reflejar el sentir de un país y sobre todo de la Zona Metropolitana del Valle de México que es el espacio afectado en términos urbanos y ambientales por la propuesta de construcción.

         Por otra parte, me pregunto ¿Por qué una consulta? ¿Por qué no alguno de los mecanismos planteados anteriormente? Bueno, creo que la respuesta puede encontrarse en la dinámica realizada por AMLO y su equipo de transición en los denominados Foros de Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional. Estos tenían como objetivo “trazar la ruta hacia el Pacto de Reconciliación Nacional”[iii], sin embargo, no lograron su acometido y terminaron convirtiéndose en un cuestionario en línea. En el sentido del cómo gobernar ¿qué implicó esta decisión y cómo afecto a los resultados en torno a la construcción del nuevo aeropuerto? Que AMLO, en el fondo, no ha encontrado en los mecanismos deliberativos y de coproducción el mejor canal para consolidar sus propuestas, esto debido a que, en el siglo XXI, en una sociedad más informada y afectada por la violencia, la desigualdad y la inestabilidad económica, los ciudadanos han replanteado su papel en la formulación de políticas públicas; son individuos contestarios que ya no aceptan políticas por decreto y demuestran que el gobierno está muy separado de su población y que realmente no conoce sus problemas cotidianos.

          Preferir una “consulta ciudadana” implicó, que AMLO se haya dado cuenta que es más fácil seguir un discurso en el que “yo sí pregunto a los ciudadanos” y los ciudadanos al nunca ser consultados en nada van a aprovechar esas oportunidades, no obstante, sin dimensionar que su poder decisión es sesgado por un discurso asimétrico entre medios de comunicación, políticos y empresarios y que su poder para incidir en el espacio público puede ser usado no siempre para los mejores fines.

            Un impacto significativo, pero no determinante de esta consulta, es la reacción del sector privado y los mercados internacionales, así como un discurso cargado de una retórica que argüía que cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco significaba un colapso en la economía del país, sin embargo, en el fondo lo que no han analizado los medios tradicionales de comunicación es que para los empresarios en México y en el mundo la mayor preocupación recae en los denominados derechos de propiedad. Su aplicación son una novedad relativa en el sistema jurídico mexicano, ya que su puesta en marcha se reflejó mejor en la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto en la cual se cumplió una premisa del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su primer párrafo establece que

“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.”[iv]

            Este caso se menciona como algo de novedad relativa, ya que este principio que lleva años planteado en la Constitución, no fue aplicado durante los años del Estado de Bienestar en México debido a que la economía era una materia de exclusividad gubernamental por lo que los privados fueron relegados de muchas actividades vinculadas al desarrollo económico del país. No es de sorprender la reacción de este grupo de la sociedad puesto que los resultados de una consulta como la que se llevó a cabo, en el fondo significa una nueva forma de interactuar con el gobierno federal y preocupa debido no a la incertidumbre que puede darse con sus inversiones, sino con la facilidad con la que el gobierno puede prescindir de sus servicios a pesar de que haya contratos que garantizan en mayor o menor medida que su inversión puede ser redituable en actividades del sector gubernamental y el no contar con el apoyo de un Poder Judicial consolidado que defienda sus derechos como particulares frente al gobierno.

       Los resultados de la consulta tuvieron impactos significativos en cómo se previsualiza la forma en que se tomaran decisiones de gobierno durante los próximos seis años. La preferencia por Santa Lucía sobre Texcoco, tal vez no representa del todo estar de acuerdo con el próximo presidente de México, sino deshacerse de la inversión más importante de un gobierno saliente que en el fondo ser corrupto y opaco fue su slogan, sin embargo, aún no es justificación suficiente para no considerar una opción que no se consideró en esta consulta: Tizayuca, la cual fue defendida por AMLO en 2014 y que ha sido considerada como la opción más viable que pueda afectar menos al medio ambiente y no afectar demás a una ciudad ya saturada.

   No hay que caer en la paranoia colectiva y en la “producción del acontecimiento” de los medios de comunicación, porque lo que se está presenciando aun no sabemos si es una mejor forma de hacer gobierno, pero sí una vía diferente sobre cómo crear una agenda pública (a modo) con decisiones que pueden ser o no vinculantes y en la que de nuevo, el actor más importante sea el gobierno, incluso por encima de los intereses de ciudadanos, empresarios y organizaciones sociales. En pocas palabras, es un detrimento a la poca gobernanza que hemos creado y a las instituciones democráticas que costaron más de cincuenta años de movimientos sociales  para darle a los ciudadanos su herramienta más poderosa: las leyes y la certidumbre jurídica ante el papel de un Estado monopolizador y centralizado que parece ser el Estado que ha pensado AMLO para los próximos seis años.

 

Referencias:

[i] Animal Político,” Resultado sobre NAIM será vinculante; acostúmbrense a las consultas, dice AMLO”, disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/10/amlo-resultado-consulta-vinculante-exito/ Consultado el 01/11/2018.

[ii] Canto Chac, Manuel, (2005), “Las políticas públicas participativas, las organizaciones de base y la construcción de espacios públicos de concertación local”, en De la Maza G. y R Villar (Coordinadores), Las Organizaciones de Base y la Construcción de Espacios Públicos de Concertación Local, Interamerican Foundation y Cabrero Mendoza, Enrique y Ana Díaz Aldret, (2012) “La acción local en periferias urbanas en México ¿Nuevas o viejas institucionalidades?”, En Gestión y Política Pública, volumen temático, 2012.

[iii] Huffington Post, “A falta de foros de pacificación… un cuestionario en línea”, disponible en: https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/10/08/si-te-quedaste-sin-poder-ir-a-los-foros-de-pacificacion-puedes-llenar-este-cuestionario_a_23554500/ Consultado el 02/11/2018.

[iv] Cámara de Diputados (2017), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última reforma publicada DOF 27-08-2018, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf  Consultado: 02/11/2018.

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