El cannabis en México. De la prohibición absoluta a una regulación en construcción.

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En noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Arturo Zaldívar en el que se declaró que los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud eran inconstitucionales. Esto significó que prohibir actos relacionados con el consumo recreativo del cannabis: sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, fuese declarado inconstitucional (por primera vez). Como escribí a principios de 2016 en la revista Encrucijada, es necesario que la SCJN resuelva en el mismo sentido cinco veces para generar jurisprudencia, lo cual finalmente ocurrió el 31 de octubre de 2018 con la aprobación de dos amparos que al sumarse con los otros tres, obligan a los tribunales del país a otorgar amparos en esta misma dirección y generan presión para modificar los artículos que fueron declarados inconstitucionales.

El papel de México Unido contra la Delincuencia A.C. fue fundamental en este proceso. Armando Santacruz,  Francisco Torres, Lisa Sánchez y Pablo Girault fueron quienes interpusieron la primer demanda de amparo que se resolvió en un sentido favorable para el consumo recreativo del cannabis. No obstante, pasar de la prohibición absoluta a una regulación diferenciada es un tema viejo en el debate público del país que ha sido discutido de manera informal bajo la etiqueta de “legalizar la marihuana” y de manera académica con distintas propuestas de regulación cuyas diferencias resulta imposible detallar en unas cuantas lineas, pero que generalmente versan alrededor de una regulación permisiva o estricta, descentralizada o centralizada, intervencionista o neoclásica, etc.

Las propuestas que recientemente presentaron Miguel Ángel Osorio Chong y Olga Sánchez Cordero en el Senado no se explican como sucesos aislados. Cinco meses después de que la SCJN se pronunciara por primera vez a favor del consumo recreativo del cannabis, el ejecutivo presentó una iniciativa dirigida a permitir el uso medicinal y científico de la marihuana. El dictamen fue aprobado en diciembre de 2016 por el Senado y en abril de 2017 por la Cámara de Diputados. La resolución de la Suprema Corte influyó en el marco regulatorio del cannabis y todo parece indicar que la jurisprudencia recién establecida va a tener un efecto similar. Después de la última resolución de la Suprema Corte, la bancada del PRI en el Senado presentó una iniciativa para permitir el consumo lúdico y despenalizar la posesión personal de marihuana hasta 28 gramos. Sin embargo, la propuesta encabezada por Miguel Angel Osorio Chong fue eclipsada por la de la ex ministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero.

En el ensayo original que escribí para la revista del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sostuve que la primer resolución de la Suprema Corte no autorizó actos de comercio, suministro y distribución de cannabis. Es decir, aprobó el consumo de marihuana pero no el medio principal que utilizan los consumidores para obtenerla. Los ciudadanos mexicanos pueden ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad consumiendo marihuana, pero no pueden utilizar este derecho para adquirirla en el mercado. La amplitud con la que se busca respetar este derecho es tan limitada como la posibilidad de adquirir el producto necesario para ejercerlo.

La iniciativa de Olga Sánchez es más fuerte que la de Miguel Angel Osorio porque considera las propuestas de la SCJN y llena el vacío regulatorio que éstas no contemplaron en materia de comercio. Esto resulta útil para cumplir de mejor forma con el derecho al libre desarrollo de la personalidad puesto que los ciudadanos son capaces de decidir individualmente si pretenden consumir cualquier droga que no presente riesgos graves para su salud y la de otras personas. No obstante, esto no significa que el proyecto presentado por la senadora esté listo para su aprobación sin antes pasar por un proceso de mejora. 

La iniciativa de la senadora contempla expedir una Ley General para la Regulación y Control de Cannabis. Esta propuesta, en general, es similar a la que sostuve en 2016 cuando señalé la necesidad de una Ley General en la materia que acompañara a las reformas y adiciones necesarias para la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de procedimientos Penales. No obstante, las diferencias entre esta propuesta, la que sugerí hace dos años y muchas otras que se han planteado antes en México (y en otros Países), pueden ubicarse en los detalles que brindan identidad a cada uno de estos planteamientos. Las propuestas que desde una visión amplia parecen coincidir, muchas veces llegan a tener diferencias iirreconcilables que son visibles cuando se comparan a fondo. Los temas que tratan, vistos a detalle, llegan a ser tan distintos que no son susceptibles de compararse en lo específico. Se requieren debates profesionales, ciudadanos y académicos para identificar la mejor regulación posible en un ejercicio bastante más complicado que el sugerido por Marcelo Ebrard cuando señaló que habían dos opciones para establecer la regulación mexicana en materia de Cannabis: el Modelo Canadiense o el Modelo Uruguayo.

Se necesita de un Modelo Mexicano, nutrido con los modelos de otros países, sin que esto signifique tener que elegir una de dos opciones. La realidad de las naciones no es tan similar como para poder importar políticas públicas sin adecuaciones. Hay ideas provenientes de otros modelos utilizados en Chile y Países Bajos, por ejemplo, que pueden ser retomadas para el caso mexicano. Artículos periodísticos, especializados, estudios nacionales, regionales, etc, brindan un espectro amplio que no deja de ser manejable y que puede permitir establecer una mejor regulación en materia de marihuana.

La Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, propuesta por Olga Sánchez, contempla distintas aspectos que vale la pena revisar de forma independiente en este link. Los temas destacados son: producción para uso personal, comercial, científico, de investigación, terapéutico, paliativo, farmacéutico, adulto e industrial. Además, esta propuesta pretende crear un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud que recibiría el nombre de Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC). Los objetivos y tareas de dicho instituto se enuncian en el Título Quinto de esta misma norma pero su costo aún no es público y probablemente aun no ha sido previsto por la bancada de Morena (que también suscribió esta propuesta). Considerando que los recursos gubernamentales son limitados valdría mucho la pena que en la creación de este instituto se procurara obtener los mejores resultados al menor costo posible. Una administración pública más grande es más difícil de administrar y trae consigo menos resultados.

El artículo 38 de la propuesta de ley está empezando a generar polémica en los medios de comunicación. Esto tiene sentido debido a que el artículo enuncia lo siguiente: “Queda permitido fumar Cannabis en espacios públicos, a excepción de los espacios 100% libres de humo de tabaco”. La permisividad debe ser suficientemente amplia como para asegurar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y suficientemente estricta para reducir riesgos y daños derivados del consumo del Cannabis. Encontrar el punto medio puede ser más complicado que recurrir a la regulación existente en materia de tabaco, por lo que el tema debe revisarse más a fondo. La exposición de motivos expuesta por Olga Sánchez no brinda ninguna explicación al respecto de este artículo.

Por otra parte, mencionar las similitudes entre marihuana y tabaco, abre la puerta para reconsiderar el ámbito de actuación del IMRCC y plantear la posibilidad de que dentro de sus funciones se incluyan algunas relacionadas con otras drogas. Quitar funciones a una institución para brindárselas a otra con el objetivo de que, dentro de lo posible, la menor cantidad de instituciones sean capaces de atender la mayor cantidad de asuntos, sin que esto comprometa su eficiencia y resultados. Evitando así la creación de una institución para cada tema.

Asimismo, la redacción propuesta para el artículo 40 tiene que clarificarse. “Artículo 40. La venta de Cannabis y productos derivados del mismo para uso adulto se delimitará a establecimientos específicos, los cuales solo podrán vender exclusivamente Cannabis, sus derivados y sus accesorios. El Instituto determinará los puntos de venta autorizados”. Si estos establecimientos no van a poder vender ningún otro producto distinto al cannabis, derivados y accesorios, la regulación resulta excesiva, la venta podría acompañarse de otros productos que al combinarse con la marihuana no generen efectos negativos. Es importante que en estos establecimientos se prohiba el comercio de drogas legales que, combinadas con el cannabis, generen efectos superiores, pero esto no tiene porque significar prohibir el comercio de productos que no generan perjuicios, especialmente si se busca que el mercado del cannabis se aleje del narcotráfico y se aproxime a la formalidad. La prohibición del comercio de drogas ilegales está dada automáticamente.

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A pesar de mis diferencias con muchos de los miembros de Morena, aplaudo la iniciativa de Olga Sánchez. La despenalización de la marihuana es más importante en México que en otros países debido a que en este caso no solamente permite respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que tiene la capacidad de influir en la disminución de la violencia que se vive en el país (sin que esto signifique resolverla por completo). Valdría mucho la pena que esta iniciativa se aprobara con modificaciones para que México se convierta en el tercer país del mundo en legalizar el uso recreativo de la mariguana. El contexto internacional con la reciente legalización en Canada y la labor constante a través del tiempo de distintos actores mexicanos y no mexicanos hacen posible que una iniciativa como esta se acerque a tener éxito. La mayoría de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados permiten dar esto prácticamente por sentado. Pero esta misma mayoría implica la posibilidad de que el tema no se discuta y se apruebe una regulación inferior a la que podría aprobarse. Es por ello que espero que los partidarios y militantes de Morena tengan los ojos abiertos y las orejas destapadas para escuchar sugerencias provenientes de los distintos sectores ciudadanos. Además de los temas expresados en el presente artículo, existen muchos otros que pueden ser identificados y analizados con la lectura de la iniciativa. Por lo que espero que con estas palabras también esté incentivando a los lectores y escritores de La Gaceta para realizar este ejercicio.

 

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