Refrendar la autonomía universitaria

La conquista de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una suma de luchas y reivindicaciones que se han dado en diferentes frentes durante la historia de nuestro país. Su conservación es un valor que debe refrendarse en cada ejercicio de gobierno. Hoy, con el cambio de régimen político, en este axial fin de año 2018, la comunidad universitaria principalmente, y los mexicanos que nos beneficiamos de la educación, investigación y difusión de la cultura, tenemos un compromiso ético con nuestra máxima casa de estudios: preservar la autonomía universitaria: “[…] la capacidad de formular su propia legislación, designar sus autoridades, planificar su actividad académica y disponer de sus fondos con plena libertad […] tiene tres aspectos: 1. El de su propio gobierno; 2. El académico; y 3. El financiero. [1]El Artículo 3º constitucional establece, en su fracción:

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.[2]

Así lo mandata la ley, cuya última modificación fue en enero de 2016. El Ejecutivo federal presentó a la Cámara de diputados un proyecto de decreto para reformar los artículos 3º., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reciente 12 de diciembre.[3] La iniciativa desaparece la fracción VII del Artículo 3º. El siguiente día el Ejecutivo federal realizó una declaración pública, “estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía”[4] La UNAM emitió un comunicado, el mismo día, en el que reconoce a las autoridades federales “la voluntad manifiesta de respetar la autonomía de nuestras instituciones.”[5] El secretario de educación, Esteban Moctezuma, declaró que es un tema que “ya está resuelto.” Las declaraciones públicas del gobierno federal son un indicador, así como la voluntad política, sin embargo, la Constitución marca, en el Artículo 71, un periodo finito (30 días naturales) para la discusión de la iniciativa en la Cámara baja. Será cuando la iniciativa se presente en el Pleno, se discuta y se vote, que efectivamente el tema esté resuelto. Mientras eso ocurre, es más que conveniente poner en el centro de esta reforma a la educación, la historia y el significado de la autonomía. 

El combate por la autonomía universitaria

En 1929, cuando la Universidad Nacional Mexicana (UNM) incluye la A de autonomía, la élite política tenderá un puente institucional con la élite académica en el espacio que se forja entre las tensiones del advenimiento del Partido Nacional Revolucionario (actual PRI) y el surgimiento de liderazgos fuertes que compiten por ocupar cargos públicos de gran envergadura. En el contexto latinoamericano de la Reforma universitaria, los estudiantes mexicanos organizan movimientos como la vía política de acción idónea para incidir tanto en la academia como en la vida pública. En esa época surge en Latinoamérica una generación de figuras de primer nivel como Raúl Alfonsín, Ricardo Lagos, Salvador Allende y Fidel Castro; y en México, José Vasconcelos, Antonio Caso, Edgar Morín, Jesús Silva Herzog y Alfonso Reyes, entre otros.

La Universidad Nacional Mexicana Autónoma (UNMA) forma parte de un nuevo pacto institucional en tiempo de elecciones políticas y magnicidios. En 1928 Álvaro Obregón obtuvo el 100% de la votación en su reelección a la presidencia, luego de eliminar a la oposición militar y civil que representó Adolfo de la Huerta (exiliado en Estados Unidos) y Francisco Serrano (asesinado en 1927). 1929 fue un año toral para la construcción del régimen político mexicano porque el relevo presidencial hizo crisis a partir del asesinato del general Obregón y las élites políticas se vieron en la necesidad de establecer nuevos convenios. El régimen clientelar y corporativo que definió nuestra estructura política durante el siglo XX empezó a germinar a partir de las políticas en las que participaron Plutarco Elías Calles, fundador del PNR, y Emilio Portes Gil, presidente interino y aval de la Ley orgánica de la Universidad Nacional de México, Autónoma, aprobada el 22 de julio de 1929 y publicada cuatro días después. La lucha por la autonomía coincidió con las elecciones en las que compitió José Vasconcelos y en las que obtuvo tan sólo el 5.33% de la votación, frente a Pascual Ortiz Rubio que logró el 93.9 % de los votos para el PNR, el 17 de noviembre, cuatro meses después de la victoria de la lucha por la autonomía. México era un país sin democracia y gobernado por militares, prácticamente, la primera mitad del siglo XX. El asesinato y el miedo seguían siendo un arma fundamental en la forma de hacer política, el mismo Ortiz Rubio estuvo a punto de morir en un atentado perpetrado el día que tomó posesión como presidente.

¿Qué obtuvo el Movimiento por la Autonomía?

Si nos atenemos a la Ley orgánica de 1929, facultada por el poder legislativo, podemos considerar que sus logros fueron por demás limitados. Veamos una serie de factores que se enlistan, en una página de la UNAM, a propósito de la celebración de los 100 años de la autonomía.

  1. a) El rector era nombrado por el Consejo Universitario, a partir de una terna nombrada por el presidente de la República. Con esto, se garantizó que el rector sería nombrado desde el Gobierno Estatal, no de la Universidad.
  2. b) Los empleados universitarios serían considerados empleados federales.
  3. c) La Universidad debía entregar un informe anual de labores al Presidente, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Educación Pública.
  4. d) La Secretaría de Educación Pública contó con un delegado en el Congreso Universitario con voz informativa.
  5. e) El presidente podía interponer un veto a las decisiones del Congreso Universitario, y finalmente,
  6. f) El Estado podía intervenir en la comprobación de los gastos de la Universidad por medio de la Controlaría de la Federación.

Como se puede observar, no existe una autonomía plena de la Universidad, puesto que no se descentralizan las decisiones y el Estado sigue interviniendo tanto en la designación de sus directivos como en la fiscalización de las labores académicas y económicas. Será hasta octubre de 1933, con la nueva Ley orgánica, que el proceso de Autonomía cobre nuevos visos. Se refrendan las funciones primordiales de la Universidad Nacional Mexicana Autónoma, a partir del reconocimiento de capacidades jurídicas específicas en función de la educación y la investigación. Se definen a sus autoridades (Art. 3o.). Se establece al Consejo Universitario como máximo órgano de decisión. El Gobierno se compromete a subsidiar a la UNAM y a otorgar 10 millones de pesos durante 1934; pero, “Cubiertos los diez millones de pesos en la forma establecida en este artículo, la Universidad no recibirá más ayuda económica del gobierno federal.”  Ahora sí, la Universidad adquiere un estatuto propio para regirse por sí misma, aunque quedan en entredicho los términos del subsidio público.

            Un mes antes de que se publicara la Ley, en septiembre, se celebró un Congreso Universitario en el que se discutieron los principios políticos y filosóficos que darían sentido a la vida académica de la institución. Una comisión elaboró las conclusiones, y una de ellas dio lugar a una intensa polémica entre dos personajes fundamentales: Antonio Caso, humanista y liberal; y, Vicente Lombardo Toledano, marxista y socialista. La conclusión Tercera del Congreso, dice a la letra:

Las enseñanzas que forman el plan de estudios correspondientes al bachillerato, obedecerán al principio de la identidad esencial de los diversos fenómenos del Universo, y rematarán con la enseñanza de la Filosofía basada en la Naturaleza.

La Historia se enseñará como la evolución de las instituciones sociales, dando preferencia al hecho económico como factor de la sociedad moderna; y la Ética, como una valoración de la vida que señale como norma para la conducta individual el esfuerzo constante dirigido hacia el advenimiento de una sociedad sin clases, basada en posibilidades económicas y culturales semejantes para todos los hombres.[6]

La polémica es trascendente porque sus tesis fundamentales son controversia permanente en los recintos de la UNAM hasta la actualidad. El fondo de la discusión radica en la defensa que realiza Caso de la libertad de cátedra como un derecho fundamental en la enseñanza, en el marco de la Autonomía. Ambos sostienen principios dogmáticos para definir su campo de conocimiento y de enseñanza en función de la historia de la filosofía. Caso, con términos más comprensivos que Lombardo, explica que existe una condición cultural en las comunidades de individuos que los lleva a tomar decisiones sociales, pero no en menoscabo de la condición individual, y sostiene que no existe un fundamento único de los fenómenos físicos, razón por la cual la enseñanza debe permitir que  el estudiante conozca de todas las tendencias, sin preeminencia de una en particular, porque los tiempos cambian y con ello la noción de investigación y sus conclusiones; afirma categórico que la Universidad no debe sostener credo alguno. Por su parte Lombardo sostiene que, si bien la sociedad cambia y con ella las concepciones sobre la cultura, debemos admitir la noción actual y enseñarla en pro de los grupos sociales marginados del avance económico. Los determinismos humanistas de Caso, y materialistas de Lombardo, nos permiten ver una Universidad polarizada en sus principios y en sus fines, porque ambos intelectuales utilizan un discurso que los lleva al límite: el primero advierte de su renuncia si los términos de la conclusión tercera del Congreso permanece, el segundo amenaza con que México siga siendo un país de pobres sifilíticos y tuberculosos y propone claudicar y entregar la UNAM al clero, antes que se convierta en una institución burguesa. La propuesta de Caso, independientemente de que era un cristiano recalcitrante, ganó la partida porque sostuvo la noción del conocimiento abarcador, plural y universal. Resulta natural su resistencia a concebir una relación estrecha entre los principios naturales y los sociales, dada su concepción sobre la religión.

            En diciembre de 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho, autorizó una nueva Ley Orgánica, en sustitución de la del 33. En su primer artículo se hace patente que la UNAM es un organismo descentralizado del Estado y la relevancia de su función como generadora de enseñanza, investigación y cultura en torno a las condiciones y problemas nacionales. El artículo segundo hace énfasis en la libertad de cátedra y en la facultad de validación de estudios de otras instituciones. En el artículo tercero se incluye a la Junta de Gobierno (15 honorables) como máxima autoridad, por encima del Consejo, y se le retira la autoridad a la figura del estudiante, aunque se conserva como miembro del Consejo. Se podría decir que los términos de la Ley se recorren a la derecha. La Junta es la encargada de nombrar o remover al rector. El artículo 18 establece el derecho a constituir organizaciones estudiantiles autónomas, respecto de las autoridades universitarias. No existe en la Ley mención directa sobre la responsabilidad económica del Estado hacia la UNAM.

            La Universidad logra definirse de manera autónoma, más allá de la definición jurídica, y establecerse como una entidad política y académica. La polémica Caso-Lombardo manifiesta la pluralidad política de la institución. La libertad de cátedra definida en 1933 será letra impresa en 1944 y fincará un doble discurso ideológico: el formal, que refiere a una legislación académica interior; y el real, que establece principios fundamentales del ejercicio académico como parte de la esfera política nacional y de cara al mundo.

Cuando el Consejo Nacional de Huelga, del movimiento estudiantil mexicano del 68, argumentaba la entrada del ejército a las instalaciones universitarias como un delito en flagrancia, asociado con el principio de autonomía, no entendía la magnificencia del discurso del rector Barros Sierra cuya preocupación no se centraba en el principio jurídico de extraterritorialidad sino en la defensa del valor político y académico de la UNAM como entidad autónoma del ejercicio gubernamental. La lucha por la conservación de la Autonomía sigue.

[1] Marsiske, Renate. El movimiento estudiantil de 1929 y la autonomía de la Universidad Nacional de México, en:   http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res044/txt1.htm

[2] Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma 27-08-2018, Artículo 3º., fracción VII, reformada el 26-02-2013 y 29-01-2016, revisado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

[3] https://drive.google.com/file/d/13TETQl7Lechfj-aXzR_Wtx4VGbvyrYo4/view?fbclid=IwAR3Gb1r9uRPGenbmWX6KAqC581aSsQuwWk8FIgjNPcU9bGyZ63sOEDeg9WU

[4] Roberto Garduño y otros, jueves 13 de diciembre 2018, “ Se corregirá ‘error’ que suprime autonomía universitaria: AMLO”, en La jornada. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/13/gaceta-parlamentaria-no-corrigio-supresion-de-autonomia-universitaria-2526.html

[5]  http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_832.html?fbclid=IwAR19UF29pwl4xeYA2XkSu5pkMH_gzedCSd8OhXd6hIAWU6PiLZ8wEqLAPJo

[6] Adrian Acosta Silva. “La encrucijada universitaria. Entre el humanismo liberal y el materialismo marxista. La polémica de 1933.”, en http://www.etcetera.com.mx/2000/370/acvlt370.html

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